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Nuestra Historia

 

 

Rocha, Viernes 12 de abril de 2019


Violaciones a los Derechos Humanos: un problema muy mal resuelto desde hace décadas
 
Pablo Mieres
Durante la dictadura se arrasaron los derechos y libertades de decenas de miles de ciudadanos. Particularmente se desarrolló una sistemática práctica de torturas y vejaciones de todo tipo sobre los detenidos y presos. Como resultado de esas prácticas muchos fueron asesinados y desaparecidos, en la inmensa mayoría de los casos no se ha dado luz sobre lo ocurrido, ni se ha podido dar respuesta a los justos reclamos de los familiares de los desaparecidos.
En estos días esta grave omisión de nuestro sistema político y de nuestra sociedad volvió a salir a luz a partir del conocimiento de una confesión de uno de los máximos exponentes de la barbarie, José Gavazzo, sobre la desaparición de Roberto Gomensoro, ocurrida antes del golpe de Estado de junio de 1973.
Esta confesión, lateral al objeto de juzgamiento de un Tribunal de Honor militar sobre la conducta de ese sujeto y de varios más de los más oscuros torturadores de aquella época, se convirtió en “la piedra del escándalo” ante la omisión de haber presentado denuncia penal por parte de las autoridades.
El conocimiento de ese hecho se debió a la labor del periodista Leonardo Haberkorn, que hizo un aporte muy valioso para hacer visible la realidad de los hechos ocurridos.
Tenemos, entonces, un problema del que puede derivar una responsabilidad penal, es decir la omisión de denunciar un hecho delictivo por parte de las autoridades de gobierno.
Sobre este punto será necesario conocer en detalle las actas de la actuación del Tribunal de Honor y el detalle de todo el expediente. Lo cierto es que alguien decidió “barrer debajo de la alfombra” la confesión de Gavazzo y no dar cuenta a la Justicia, incurriendo de esta forma en un acto de encubrimiento de un delito confesado.
El Poder Ejecutivo, una vez que la prensa informó de la gravedad de la omisión verificada, destituyó a los  integrantes de los Tribunales de Honor y al Ministro de Defensa y el Subsecretario, dejando la idea de que los hacía responsables de no haber informado sobre la referida confesión.
Sin embargo, en los días siguientes han surgido elementos que indican que los miembros del Tribunal de Honor cumplieron con su deber de informar de estos hechos a su superior y el Ministro de Defensa afirmó que cumplió con el deber de informar al Secretario de Presidencia sugiriendo que se presentara la denuncia penal. 
Estas cosas deben aclararse porque alguien obvió el deber de denunciar, que es un deber básico de un funcionario público, y debe ser responsabilizado por ello. Pero, además, porque está involucrado el escalón más alto del gobierno, es decir la Presidencia de la República y es de orden que se aclaren todos los detalles de lo ocurrido.
Pero tenemos, también, otro problema de gravedad política e institucional que consiste en el hecho de que el Tribunal de Honor haya sentenciado que las conductas de los imputados “no afectaron el honor de las Fuerzas Armadas”.
Esta afirmación es un evidente indicador de que en las Fuerzas Armadas este tema sigue siendo un “tabú” que colide con la necesidad de una inequívoca afirmación democrática. Es ineludible que las Fuerzas Armadas asuman, sin drama ni afectación de ningún tipo, que lo ocurrido en aquellos años implicó directa e institucionalmente a las Fuerzas Armadas como institución del Estado.
Ello no implica que dentro de las Fuerzas Armadas estuvieran revistiendo funciones activas muchos integrantes que nada tienen que ver con los horrendos actos realizados. Pero no menos cierto es que esos actos, cometidos en el ejercicio de sus cargos por numerosos oficiales, mansillaron el honor de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto los que hoy conducen la fuerza militar (que nada tuvieron que ver con todo aquello) deben reconocerlo sin vacilación.
Estas manifestaciones son parte de la necesaria reconstrucción definitiva de la confianza en nuestra sociedad.
Lo cierto es que tampoco quienes se levantaron en armas contra un sistema democrático y optaron por el camino de la guerrilla, se han dignado asumir públicamente el grave acto cometido, ni han pedido perdón al país por tales opciones. Es más, todos los años conmemoran, como si fuera un acto de heroísmo, la llamada “toma de Pando”, que no es otra cosa que un acto de “apología del delito”.
Es que nuestro país arrastra desde la misma salida de la dictadura, esta “mochila pesada” que no hemos sabido resolver. La horrenda cuestión de la violación flagrante y masiva de los derechos humanos y, en particular, la deuda que mantenemos con los familiares de los desaparecidos.
La sombra de acuerdos “bastardos”, vergonzantes e inconfesables se despliega inexorable, cada vez que uno de estos asuntos vuelve a ocupar la escena pública. Posibles acuerdos que abarcan a diferentes actores políticos y militares se mantienen en la “cara más oscura” de nuestra vida institucional. Mientras la enorme mayoría de los uruguayos, como antes en las épocas negras, observa atónito la continuidad de un tema sin resolver.
Es ineludible recordar que el origen del problema nace de la aprobación de la Ley de Caducidad, aprobada por mayoría en el Parlamento y luego legitimada por un Referéndum en 1989. Ley indigna que supimos cuestionar sin éxito en aquellos años.
Pero no menos cierto, es que aún esa norma grotescamente inconstitucional, obligaba al Poder Ejecutivo a brindar información sobre el destino de los desaparecidos.
Sin embargo, el Presidente de la época, Julio María Sanguinetti, encargó esta investigación a un Fiscal Militar que, como era obvio, en un plazo brevísimo informó que no había información disponible para dar respuesta a esta situación.
De este modo, se cancelaba, no sólo la posibilidad de hacer justicia, sino también se buscaba cerrar la puerta al imperativo de la verdad.
Años después se reivindicó el derecho de los familiares de los desaparecidos a conocer lo ocurrido con esos ciudadanos y se instauró la Marcha de cada 20 de mayo, que sigue interpelándonos a todos sobre el justo reclamo de conocer lo ocurrido y acceder a los restos de sus seres queridos.
A fines de los años 90 el segundo gobierno de Sanguinetti volvió a responder negativamente a estos reclamos, dejando sin investigar algunas pistas que habían surgido a partir de diversos testimonios sobre lo ocurrido con el llamado “caso Gelman”.
Es justo reconocer que durante el gobierno de Jorge Batlle se llevó adelante un valioso intento por dar justa respuesta a esta demanda. La Comisión para la Paz intentó develar los hechos e hizo un enorme aporte al conocimiento de la verdad. Pero no logró dar luz sobre el destino de los desaparecidos, sino tan sólo informar sobre algunas hipótesis sin confirmación.
También debe decirse que el primer gobierno de Tabaré Vázquez avanzó aún más en este tema. Utilizando con inteligencia los espacios jurídicos que dejaba la ominosa Ley de Caducidad, se logró acceder a los restos de algunos ciudadanos desaparecidos y se aplicó la justicia sobre un número incompleto pero amplio de violadores de los derechos humanos.
Sin embargo, el pacto de silencio de los responsables de la vergüenza impidió alcanzar resultados satisfactorios. Resulta para nosotros inolvidable la horrenda escena en la que se señala a Macarena Gelman (de buena fe por parte de las autoridades del gobierno y del Comandante en Jefe de la época) el supuesto lugar donde estaba enterrada su madre y la posterior decepción sobre los hechos que habían sido siniestramente engañosos.
Pero lo más grave es que a partir de 2010, y hasta hoy en día se ha instalado un perverso “statu quo” que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por el Movimiento de los Familiares de los Desaparecidos.
Alguien sabrá por qué ha sido así. Otra vez la sombra de acuerdos ominosos que incluyen a los principales responsables de los dos lados del mostrador, se extiende de manera desesperante para impedir llegar a una respuesta satisfactoria desde el punto de vista de la ética colectiva.
Por eso estos hechos y su esclarecimiento adquieren mayor significación y valor. No hay duda de que este país, su sistema político, diferentes gobernantes y las propias Fuerzas Armadas somos responsables de transitar todos estos años sin asumir con coraje la verdad, toda la verdad de lo ocurrido en aquellos años.
Tampoco hay duda de que las responsabilidades son muy distintas entre los diferentes protagonistas.
Pero, lo cierto es que la sociedad uruguaya no se merece que el final de esta historia sea tan mediocre como alguna vez pronosticó José Mujica cuando dijo que “esto se va a terminar cuando se hayan muerto todos los que participamos de esos episodios”. Y yo agrego, lo que significaría el triunfo de un horrendo pacto de silencio.

 


  

 

 

 

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