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Rocha, Lunes 10 de julio de 2017

Los familiares siguen esperando justicia…
SE CUMPLIERON SIETE AÑOS DE LA MUERTE DE 12 PRESOS EN LA CÁRCEL DE ROCHA

La catástrofe sucedió en la madrugada del 8 de julio de 2010 en la cuadra 2 de la Cárcel de Rocha, en la que 20 hombres vivían hacinados en una celda que medía 12 metros de largo por 6,80 de ancho y tenía siete ventanas tapadas con nailon y cartón. Esa noche olvidaron desarmar la resistencia que habían construido con un ladrillo refractario para paliar el frío. Sucedió allí lo que podría haber sucedido en cualquier otra cárcel del país, con las mismas condiciones infrahumanas. Pero pasó ahí, en el edificio que se construyó como regimiento de caballería en 1878 y en el que en 2010 estaban recluidas 174 personas donde se suponía que no debería haber más de 60. Esa madrugada, una frazada cayó encima de la resistencia y se prendió fuego. La cuadra ardió. A pesar de los gritos y las llamas, los policías no abrieron a tiempo. Ocho sobrevivieron. 12 murieron trágicamente.
El entonces y actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi, fue quien habló después del incendio. Aseguró que la Policía, de la que en ese entonces dependía la cárcel de Rocha, no fue responsable de la tragedia, y que su accionar fue el correcto. Dos años después, la jueza letrada Marcela López archivó la causa penal por no encontrar pruebas “convincentes” para atribuir responsabilidades. Pero aún hay familiares que no se rinden. Los padres de Matías Barrios Sosa, Mariela y Mario, aún la pelean, y esperan que la causa civil que tienen contra el Estado les de una “simbólica” indemnización; un mínimo reconocimiento “de que las cosas no estaban funcionando como debían ni se hizo lo que se podía hacer”. A pesar de la catástrofe y las adversidades, siete años después siguen queriendo justicia.
El origen de la catástrofe es muy anterior a 2010: en setiembre de 2004, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) recorrió la cárcel y concluyó que el recinto violaba “flagrantemente los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, que allí no existían mecanismos de rehabilitación alguna, y recomendó cerrar el establecimiento de casi 130 años, que no contaba con habilitación de Bomberos. Serpaj describió las condiciones de las celdas e instalaciones como “pésimas”, “muy oscuras” y con “mal olor” por el hacinamiento: en ese momento había 165 reclusos divididos en cinco módulos para hombres y uno para mujeres. En ésta y otras cárceles era y es común que los presos cuelguen mantas para dividir el espacio en ranchadas, para conseguir un poco de privacidad, y que en invierno utilicen ladrillos de refacción como resistencias para calentar el ambiente.
El Frente Amplio (FA) asumió el gobierno nacional en 2005 tras una campaña de promesas vinculadas al sistema carcelario. Entre ellas, la de “humanizar” los centros penitenciarios. Ese mismo año, el comisionado parlamentario Álvaro Garcé había sugerido “eliminar las caóticas divisorias, en virtud de alto riesgo de incendio” y sustituirlas por materiales “más adecuados”.
En 2009 el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, ManfredNowak, recorrió las cárceles uruguayas y concluyó, al igual que Serpaj, que se violan “a gran escala” los derechos humanos, que las condiciones de alojamiento son “infrahumanas” y “un insulto a la dignidad de los reclusos”. Sólo ese año ya habían muerto siete presos por el fuego: dos en enero, en el Penal de Libertad en San José, y cinco en agosto, en el Compen en Montevideo. En todos los casos, la guardia policial llegó demasiado tarde.
En abril de 2010 dos presos de la Cárcel de Rocha presentaron un proyecto a la dirección para hacer un curso de construcción a distancia -mediante un CD costeado por las familias-, para levantar paredes de bloques y eliminar las ranchadas, pero la propuesta no fue aceptada.
Matías Barrios cayó en esa bomba de tiempo porque metió tres porros en un par de bizcochos que le llevó a un amigo preso. Había cumplido dos meses de pena, iba a salir siete días después. Su padre dice: “No era un delincuente, no era un violador, un asesino, un ladrón. No se merecía esto, nosotros no nos merecíamos esto. Tenía toda la vida por delante, estás loco. Morir de esa manera, no. Dejarlo morir como un perro, quemándose”. Ese fue el destino de otros 11 presos: Mario Fernando Martínez Maidana, de 25 años; Raúl Alejandro Gómez Recalde, de 22 años; Antonio Joaquín Cardoso Silvera, de 19 años; José María Pereira Pereira, de 29 años; Jorge Luis Roda Acosta, de 19 años; Delio Alegre, de 49 años; Luis Alfredo Bustelo López, de 40 años; Edison Javier Núñez Casuriaga, de 20 años; Ariel Fernado Cardozo Velázquez, de 25 años; Alejandro Adolfo Rodríguez Cabral, de 25 años, y Julio César da Silva Pereira, de 22 años.
Las ocho sobrevivientes fueron: Alberto Rodas González, Adolfo Mederos Scantoni, Paulo Costa Pereira, Rubén DarioDamestoy, Fernando Méndez Rodríguez, Henri Laluz Fernández, Luis Alberto Acosta Pérez y Pablo Andrés Chapore San Martín
El 12 de julio la Corte Interamericana de Derechos Humanos envió un comunicado a familiares de las víctimas e hizo “un llamado urgente al Estado para que adopte las medidas necesarias para investigar debidamente estos hechos, y para prevenir su repetición”. Ese mismo día, el Parlamento aprobó la Ley de Emergencia Carcelaria, que inyectó 15 millones de dólares provenientes de Rentas Generales en el sistema penitenciario para la construcción y refacción de centros de reclusión. La ley reconoce que el sistema estaba en una “situación de riesgo y especial vulnerabilidad”, habla del colapso total del sistema eléctrico y sanitario de algunos centros, de hacinamiento generalizado y del desbordamiento de la capacidad material de los recursos humanos. Ese contexto, dice la ley, habilitaba “medidas de urgencia”. Todas cosas que hace rato sabían los familiares de los presos, porque las vivían en carne propia: al momento de lo indecible, la Cárcel de Rocha tenía dos extintores descargados, escaso personal de custodia y ninguna “directiva protocolizada y difundida para enfrentar situaciones de grave emergencia”, según dice el informe del Comisionado Parlamentario.

Tras la catástrofe, el jefe de Policía de Rocha de aquel momento, Alcides Caballero, aseguró que se tomaron algunas medidas para disminuir la población carcelaria: se trasladaron personas hacia Montevideo y Maldonado y la chacra policial local, y se instalaron contenedores como alojamiento provisorio. En diciembre de ese año eran 89 los reclusos en la Cárcel de Rocha. Serpaj visitó la cárcel en octubre de ese año y afirmó que las ranchadas seguían estando y que los métodos para combatir un incendio seguían siendo insuficientes: “Al momento de la visita no se contaba con dos de los extintores incorporados, y los existentes estaban colocados lejos de las cuadras, sin que hubiera 'medios alternativos': baldes de arena, boca de incendio, mangueras, ni rutas de evacuación debidamente señaladas”, señala el informe que publicaron. Desde el Comisionado Parlamentario también se constató que la situación no había cambiado: “Salvo el pabellón incendiado y el de al lado -clausurados-, el resto sigue funcionado en condiciones similares a las que existían antes. Las ranchadas no han sido eliminadas”. En ese momento, Garcé recordó que “la inmensa mayoría” de los establecimientos penitenciarios no cuenta con habilitación de Bomberos, y que 80% de los presos “se mantienen bajo riesgo elevado de incendio”.
A mediados de 2012 el establecimiento cerró y se trasladó a la chacra policial. Desde julio de 2014 la chacra depende del Instituto Nacional de Rehabilitación, y aún no tiene la habilitación de Bomberos. El 26 de julio de ese año Bonomi dijo que está “abierto a negociar un acuerdo” de indemnización con los familiares de los 12 reclusos.
Desde ese maldito 8 de julio, Mariela se despierta pensando en el sueño que “no soñé por las pastillas para dormir”. Está “cansada”. Ya no le “importa que las paredes estén rasgadas”, y dice que si pasa por al lado de un muerto, le “da igual”. Desde el dolor aprendió que “no hay desdicha más grande” que la suya, y le “mortifica saber” que la tragedia “podría haberse evitado”. “Si se abría a tiempo”. Sólo bastaba con hacer las cosas bien. Sólo ellos saben cómo es tragarse “la rabia, la angustia y la impotencia, y reír cuando se puede y no cuando se quiere”. Dice Mario: “Para nosotros, no hay más cumpleaños ni Años Nuevos”. Aunque están más muertos que vivos, “mañana también te levantarás”, saldrás de tu casa y evitarás pasar por las calles que enmarca la tragedia, y esperarás “no cruzarte nunca con las personas que pudiendo, no la impidieron”. Sólo los que lo sufren saben cómo es vivir con la muerte tan trágica de un hijo al hombro. Mario cuenta: “La gente nos pregunta cómo seguimos, y dice: 'Si a mí me pasa, me muero'. Pero sigues justamente porque no te mueres. Te acuestas a dormir deseando morirte y de repente abres los ojos y estás despierto otra vez”.
Siete años han pasado de la trágica muerte de 12 presos en la Cárcel de Rocha, y aún no hay justicia…


MAREA ROJA EN COSTAS DE MALDONADO Y ROCHA

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) informa que se mantiene marea roja en aguas y costas de los departamentos de Maldonado y Rocha. En tanto, se aclara a la población que no existe impedimento alguno para el consumo de pescados, calamares y camarones.
Se mantiene la prohibición establecida el pasado 15 de junio de 2017 para la extracción, comercialización y transporte de mejillones y berberechos procedentes de los Departamentos de Maldonado y Rocha.
Por su parte, se informa que los análisis efectuados en almejas extraídas en zonas habilitadas de Rocha no han detectado la presencia de toxinas marinas en las mismas.
Por tal motivo, a partir de la fecha se levanta la prohibición oportunamente establecida para la extracción, comercialización y transporte de almejas procedentes exclusivamente de la zona comprendida entre la desembocadura del Canal Andreoni y el Arroyo Chuy, y a cargo de permisarios debidamente autorizados por la DINARA.


El subsuelo estaría contaminado
EL CABO POLONIO ES VÍCTIMA DE SU ÉXITO TURISTICO

Un estudio realizado por científicos del departamento de Microbiología del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (Iibce) indicó que en los meses de verano, aumenta de manera significativa la presencia de bacterias indicadoras de contaminación en las cachimbas del Cabo Polonio.
Si bien el Cabo Polonio pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), no tiene aún un plan de manejo aprobado, pero sí cuenta con una propuesta que marca los principales lineamientos a tener en cuenta para la conservación de la zona. Sobreciencia dialogó con Claudia Piccini, una de las integrantes del equipo investigador, quien contó cómo se trabajó en esta investigación.
“Nosotros leímos la propuesta y vimos que en la parte de agua dulce decía que hacía falta generar información sobre la calidad de agua. Y ahí, en el marco de una tesis de postgrado de Pedeciba, generamos este estudio, que lo diseñamos para ver cuáles son las principales amenazas y el riesgo que tiene el agua dulce en un lugar como el Cabo Polonio. Lo elegimos por ser un área protegida, un lugar pequeño y aislado, lo que nos permite saber que lo que veamos en el agua es porque se genera ahí, no porque venga de otro lado”, explicó.
Este grupo de investigadores realizó un trabajo de campo que consistió en cuatro campañas de muestreo en baja y alta temporada en las distintas zonas del Cabo Polonio. Allí se relevó que durante los meses de verano hay presencia de coliformes fecales y concentración de materia orgánica, nitrógeno, fósforo y otros indicadores de contaminación.
“En la zona costera de nuestro país pasa lo que pasa en el resto del mundo, que en las costas se acumula la mayor parte de la población. Esto hace que generemos un impacto en el agua por nuestros desechos y el Cabo Polonio no es una excepción, porque también está afectado por la acumulación de gente que en determinada época del año llega en altas cantidades y se queda ahí durante unos meses. Hay muchos lugares del interior en los que se consume agua de pozo, o no tienen saneamiento, tienen pozos negros. Nuestra preocupación es qué pasa en las zonas costeras. A medida que aumentó tanto la población en la costa, hay que empezar a pensar en evitar impactar las fuentes de agua”, detalló Piccini.
La investigadora contó que lo interesante es que esos niveles de contaminación bajan a cero durante los meses de invierno. Esto indica que los niveles de contaminación que se observan en verano están asociados a la cantidad de gente que visita el Cabo Polonio durante enero y febrero, señaló.
“En esta investigación pudimos ver la repercusión importante que tiene en el agua la cantidad de personas que llega por día al Cabo Polonio. Nosotros estamos evaluando el tipo de terreno que hay, el impacto de que sea un terreno más rocoso o más arenoso, o que haya vegetación que pueda absorber parte de los nutrientes que uno deja en los desechos. Hay que tener en cuenta muchas variables del lugar, ver cómo impactan en la calidad de agua y si podemos usar esa información para predecir donde va a estar más contaminada o menos contaminada el agua y en qué momento del año, para poder contribuir al plan de gestión”, agregó.
Piccini dijo que si bien la gente compra agua para tomar, o no toma el agua de los pozos sin hacerle algún tratamiento, como por ejemplo hervirla, hay que prestar mucha atención a la manipulación de esa agua en todos los demás usos, como bañarse o lavarse los dientes.
“En el caso de la contaminación durante la temporada, si uno hierve el agua, mata las bacterias. El tema son los niños, que muchas veces juegan con el agua. Además, hay indicadores bacterianos, pero a veces puede haber virus también. Fuimos un par de veces a tomar muestras y se han encontrado virus que generan diarreas. Hay que recordar que en temporada hay que tener cuidado con esa agua”, advirtió.

La científica contó a Sobreciencia que dentro de la búsqueda de soluciones para este problema está el uso de pozos sépticos, además de un control de ingreso a esta área protegida de nuestro país, ya que el sistema del lugar es pequeño. Piccini expresó que la idea es tratar de que las cachimbas sean nuevamente el suministro de agua de la gente en el Cabo Polonio, gestionando mejor nuestros residuos para usar el agua que está allí.
“El Cabo Polonio, al estar aislado, no tiene ninguna otra amenaza, no tiene cultivos cerca, es simplemente el impacto de los visitantes y los turistas que van en ese momento. Nosotros hemos generado distintas estrategias para filtrar el agua con materiales caseros, usar una construcción casera para remover partículas en el agua, porque muchas veces las bacterias fecales están pegadas a estas partículas, y con los filtros uno las puede remover y mejorar muchísimo la calidad del agua para consumir. Seguimos trabajando y recabando información para proponer cómo gestionar el agua en esos meses y recomendar limitar de alguna manera la cantidad de gente”, concluyó.
El Cabo Polonio, una joya ecológica inexpugnable hasta pocos años atrás, es víctima de su éxito turístico: el subsuelo da muestras de contaminación, sobre todo en temporada alta, algo que no es nuevo, ya que en el 2012 se supo que el agua “potable” que se consume en Cabo Polonio presentaba “riesgos sanitarios”, y la ausencia de tratamiento de aguas residuales así como la inadecuada disposición de las mismas, generaba “contaminación de la playa y rocas”. Esta situación surgió del informe de Plan y Manejo del Parque Nacional Cabo Polonio  realizado a pedido del Mvotma y la Intendencia de Rocha.
Las conclusiones surgieron del estudio realizado por  la consultora Sprechmann&Capandeguy encargada de elaborar el informe para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y la Intendencia de Rocha, titulado “Plan de Manejo del Parque Nacional Cabo Polonio”.
En dicho informe se indicaba que  Cabo Polonio “es un territorio frágil ambientalmente” por las siguientes causas: el creciente número de visitantes y turistas, los impactos negativos en la costa por construcciones irregulares, desagües cloacales, elevado tránsito vehicular y la no disponibilidad de agua potable de OSE.
El estudio también revelaba la necesidad de tirar abajo el 75% de las 400 casas construidas en el Cabo Polonio, entre ellas posadas, restaurantes y almacenes, por ubicarse en zonas rocosas, dunas o en la misma playa. También proponía la relocalización gratuita de pobladores permanentes,  y la necesidad de restringir el uso de vehículos a motor en el balneario.
La contaminación ambiental que sufre el balneario durante la temporada estival es preocupante;  en esta época del año se hospedan unos 3.000 visitantes en “ranchos”, cuando en el invierno los pobladores son medio centenar...


PUERTO ATLANTICO PARA ROCHA

Por Julio Dornel
Autoridades departamentales y nacionales vienen manejando la realización de diversas obras de fundamental importancia para el desarrollo turístico y comercial del departamento. En nota concedida hace algún tiempo a los medios locales, el ex Intendente Artigas Barrios destacaba la importancia que tendrá para el futuro del departamento la habilitación de un puerto de ultramar en las proximidades de La Paloma. Dijo Barrios en esa oportunidad que “había  que promover mucho la potencialidad de Rocha y su zona costera por tratarse del mejor aliciente para las inversiones”. Relacionado con las posibilidades de construir un gran puerto en La Paloma  señaló que “para el sistema portuario de la región es imprescindible la construcción de un puerto profundo, pues como vienen evolucionando los barcos  debemos tener en cuenta que  el puerto de Montevideo no podrá sobrepasar  los 14 metros y la gran mayoría de las embarcaciones llegan a los 18 metros de calado.
El día que lleguen estos barcos no seremos competitivos si no les ofrecemos un puerto de aguas profundas.
El único lugar donde se puede hacer eso no solo en el Uruguay sino en toda la parte sur del atlántico es Rocha.  Su construcción es inevitable y no dudamos que con ello ganará el país y no solamente este departamento. De esta manera estaremos en condiciones de recibir la mercadería que luego sería transportada en otras embarcaciones  de menor calado hasta los puertos de Buenos Aires, Montevideo y Nueva Palmira. Estamos convencidos que su construcción es inevitable, faltando solamente los recursos necesarios.”

LA CORONILLA: UN PROYECTO CENTENARIO.

También los vecinos de La Coronilla vienen insistiendo desde el siglo pasado sobre las posibilidades de construir un puerto de aguas profundas en las proximidades del balneario. Para ello se basan en las condiciones naturales que ofrece el atlántico en esta zona y en los proyectos presentados en distintas oportunidades ante los organismos oficiales.
Desde 1873 a la fecha han sido muchos los proyectos estudiados y la recopilación de antecedentes que pudieran conducir  a la construcción del puerto en las proximidades del balneario.
Existen en la Cámara de Representantes diversos antecedentes presentados por técnicos extranjeros en los cuales se analizan las posibilidades financieras y   distintos aspectos que aconsejaban la construcción de la obra. En 1873 el Ingeniero Doncel solicitaba en el Parlamento (Asamblea Nacional)   la concesión para construir un ferrocarril  que uniera lo que sería el puerto de La Coronilla con otro puerto ubicado posiblemente en La Laguna Merin.
El petitorio no tuvo andamiento, pero fue reiterado  en el año 1882 por el Ingeniero García de Zúñiga.  Por lo tanto la necesidad de dotar a la zona de un gran puerto en las costas rochenses se ha mantenido latente durante más de 100 años, a la espera de que el centralismo del puerto de Montevideo no prime  sobre las condiciones técnicas y económicas que aconsejan su construcción en este lugar.
Se justifica además este reclamo por la situación ventajosa del Uruguay con relación a otros países del continente y a la profundidad de su costa marítima libre de escollos naturales y bancos peligrosos.
Algunos estudios han aconsejado  como punto obligado para esta obra la zona comprendida entre La Coronilla y Punta Loberos situada en la costa atlántica a 25 kilómetros de la desembocadura del arroyo Chuy en el atlántico.  Se trata de un tema de fundamental importancia para el desarrollo del departamento y del este uruguayo.

 

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