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Rocha, Martes 9 de abril de 2019

Derechos humanos y Suprema Corte de Justicia

Por Hebert Gatto
Transcurre el tiempo y se acumulan argumentos y contraargumentos, pero las diferencias entre nuestra Suprema Corte (S.C.J.U.) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (S.I.D.H.) permanecen incólumes. Tal como ocurre en gran parte del continente. Polemizan unos, los localistas, abocados a la protección de las particularidades del ámbito constitucional nacional y su soberanía. Contestan los otros, volcados a los juicios por delitos de lesa humanidad, rechazan fronteras y formalidades jurídicas. En ese contexto emerge un interrogante aún irresuelto. ¿En atención a la fecha de su comisión, la mayoría de los delitos cometidos por la dictadura uruguaya del 73 al 85, son de Lesa Humanidad, o delitos comunes, previstos en el Código Penal?  La respuesta no agota el diferendo  –resta resolver la compatibilización entre los fallos de los tribunales americanos de derechos y sus símiles nacionales- pero constituye parte del mismo. Un subtema anclado en el pasado donde las visiones partidistas de lo ocurrido, teñidas de pasiones, siguen dividiendo a los uruguayos.
Según la Corte, en nuestro país los crímenes de lesa humanidad fueron reconocidos como tales por nuestro país con posterioridad a su comisión (Ley 17.347, del 13.6.2001), por lo que deben considerarse delitos comunes y como tales juzgados con las garantías que desde la Carta Magna Inglesa en 1215  acompañan todo juicio penal. Non bis in ídem, legalidad, irretroactividad de la ley penal más gravosa y retroactividad de la benigna, “nullum crimen, nullum poena, sine lege”, prescripción, etc.  (Declaración inconstitucionalidad S.C. J.U. No. 20/2012).  Del otro lado, para los internacionalistas, se trata de delitos de Lesa Humanidad. Asesinatos, exterminio, desapariciones, torturas y similares perpetrados durante el lapso 73/85, como parte de un ataque contra la población civil uruguaya. Atroces conductas lesivas de la humanidad en su conjunto, por lo que, sin que ello suponga transgredir el principio de legalidad (juzgamiento de un delito sin ley previa habilitante), corresponde su penalización en todo tiempo.
Alegan que según el tratado de Viena de 1968  la costumbre es fuente de derecho (jus cogens). En tanto los usos y costumbres entre naciones reconocen tales conductas como delictivas, son pasibles de ser juzgadas. A su vez,  ningún Estado puede considerar los delitos de lesa humanidad como prescriptos cualquiera el tiempo en que se hayan cometido (Convenio. 26.11.68, sobre Imprescriptibilidad  Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad). Por consiguiente, en tanto Uruguay no acepta esta categorización, desconoce sus obligaciones internacionales, incurriendo en responsabilidad. ¿Es esto así?  Entiendo que para responder no resulta útil internarse en el complejo debate histórico/ jurídico referido al “jus cogens”. Según el citado Tratado de Viena este representa el conjunto de normas mínimas sancionadas por la costumbre que aseguran, mediante mandatos imperativos, el funcionamiento del orden internacional. Negarlas, es quitarle a este su sustento básico.
Sin embargo, visto lo sucedido en el siglo XX y lo que va del actual, no es fácil aceptar que las naciones hayan elaborado en este campo principios comunes válidos. Basta detenerse en las performances internas y externas de China, Corea del Norte, Unión Soviética, Camboya o Estados Unidos entre otros, para poner en duda la existencia de reglas compartidas. Especialmente en referencia al jus cogens en materia de derechos humanos, con millones de asesinatos estatales y constantes agresiones contra la paz. Resultan por tanto normas inexistentes, salvo que el derecho se reduzca a mera hipocresía.
De todos modos, aún si admitiéramos que de semejantes conductas surjan principios generales válidos, no se infiere que estos constituyan verdadero derecho penal internacional. Sabido es que no es lícito castigar en base a máximas inarticuladas,  abstractas y carentes de pena. Y ello es cierto aún si las mismas, desde su aparición, hubieran sido incorporados como principios al “bloque” de derechos, arts. 72 y 332 de la constitución. A su vez, pese a la opinión de la Corte Interamericana, no existen norma de “jus cogens” que obliguen a los Estados a la penalización interna de estos delitos (más si al hacerlo disminuyen derechos de los imputados), salvo mediante tratados ratificados. Por lo que constituye una petición de principios considerar que tratados no ratificados constituyan costumbre aceptada.
Para la interpretación compartida, tradicional y consensuada del  axioma de legalidad, las acciones constitutivas u omisiones de cualquier delito deben aparecer contempladas en una norma previa, escrita, con rango de ley y con pena asociada. Es decir que el crimen debe reflejarse de tal forma en la norma que ella permita predecir con certeza (lex certa) la conducta incriminada, y se sepa a qué atenerse respecto a su eventual sanción. No es extraño por tanto y ratifica estas consideraciones que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17.7.98, norma de máxima jerarquía de este derecho, al desarrollar en la parte II, los principios generales del Derecho Penal, encabece el primero de los preceptos con una proclamación expresa del  “Nullum crimen, nula poena, sine lege (Arts. 22 y 23)”  Por lo cual la Corte no juzga delitos de fuente consuetudinaria.
Más claramente: el principio de legalidad exige prever la pena y sólo permite sancionar conductas claramente descritas como delictivas mediante una ley escrita (lex scripta), anterior a los hechos (lex previa), especificadas con la necesaria claridad y precisión (lex certa) y excluyendo la aplicación analógica (lex stricta.), (Audiencia Nacional España, caso Sclingo Sent. 16/05)  Algo muy distinto a penar abstracciones por costumbre. Razón tuvo pues nuestra Suprema Corte de Justicia, cuando por sentencia 20 del 2012, como inicio de la corriente jurisprudencial vigente en el tema, al determinar que los delitos cometidos durante la dictadura constituían para Uruguay delitos comunes prescriptibles que requerían ley previa para su juzgamiento. Un pronunciamiento que ni desconoce la importancia del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos ni se atrinchera en un nacionalismo contrario al liberalismo, sólo ratifica el garantismo constitucional en materia penal. Ese sí un principio ancestral de jus cogens. 
  

 

 

 

 


  

 

 

 

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