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Rocha, Viernes 1 de febrero de 2019

El gobierno “le tira una piola” al dictador corrupto y asesino

 

Pablo Mieres
La posición del gobierno y del Frente Amplio ante la situación en Venezuela nos avergüenza desde hace años. Pero la posición adoptada en los últimos días por el gobierno uruguayo, además de avergonzarnos, ubica a nuestro país en una situación de grave aislamiento internacional, nada menos que con respecto a la cuestión de la democracia y la protección de los derechos humanos.
En efecto, el gobierno uruguayo va quedando entre los muy pocos que buscan “salvarle la situación” a un dictador horrendo y profundamente corrupto. Algún día, no tengan dudas, sabremos los verdaderos y oscuros motivos que han llevado al Frente Amplio a defender contra toda evidencia al “chavismo”; algún día sabremos qué niveles de involucramiento indebido atan al partido de gobierno con la corrupción y los negocios ilícitos que han caracterizado al régimen chavista.
Lo cierto es que el gobierno uruguayo ha quedado en soledad, junto al gobierno de México, ofreciendo una negociación que sólo favorece y promueve el propio dictador Maduro, que ya ha usado en dos oportunidades anteriores este mecanismo como coartada para zafar de las movilizaciones populares y para reprimir aún más a los políticos opositores.
En Venezuela hay una dictadura que mata civiles en la calle, aprisiona líderes opositores, cierra medios de comunicación contrarios a su régimen, tortura, cuenta con personal paramilitar y ha eliminado todas las reglas que definen a un Estado de Derecho. No existe una Justicia independiente, no existe un organismo electoral con autonomía, no hay separación de poderes. El régimen de Maduro es una dictadura en todo el sentido de la palabra.
El chavismo siempre fue poco propenso a respetar las reglas de un Estado de Derecho. De hecho, Hugo Chávez pretendió acceder al poder por medio de un golpe de Estado fallido en los años noventa. No hay que olvidarse que, por esa razón, el Gral Seregni se negó a recibirlo en una oportunidad en que el líder del chavismo visitó Uruguay. A Seregni no le gustaban los golpistas.
Luego, Chávez gozó de una enorme popularidad y ganó, sin necesidad de fraudes, varias elecciones de todo tipo. Esto no significa que no haya ido desmantelando las reglas propias del Estado de Derecho, amenazando y cerrando medios de comunicación y montando un sistema fuertemente centralizado y poco republicano. Pero, como tenía el respaldo popular, no era necesario poner en funcionamiento otros mecanismos autoritarios.
Todo ello cambia con la muerte de Chávez y la sucesión de Maduro. Ya hubo irregularidades en la interpretación de la Constitución para la sucesión de Chávez y también hubo cuestionamientos a los resultados de la elección presidencial que ganó Maduro en 2013. Esos resultados, en todo caso, mostraron un retroceso muy fuerte del apoyo popular al “chavismo”.
En paralelo la crisis económica y productiva se hizo mucho más aguda, llevando a los venezolanos a una crisis humanitaria sin precedentes.
En 2014 estallaron las primeras movilizaciones populares en protesta contra el gobierno de Maduro y se produjo una sangrienta represión acompañada de la prisión para varios de los principales dirigentes opositores. Estos dirigentes no fueron sometidos a las reglas del debido proceso y varios de los partidos que integraban fueron, de manera ilegítima, prohibidos.
A pesar de todo ello, se llega a las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las que a pesar de todas las maniobras gubernamentales para “torcer” los resultados y de un intento muy serio de fraude que abortó gracias a las misiones de observación internacional, los candidatos opositores alcanzaron el apoyo de dos tercios de los venezolanos.
A partir de ese hecho que confirmaba que la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos rechazaban al gobierno de Maduro y apoyaban a los partidos de oposición, se produce una deriva autoritaria sin retorno caracterizada por las violaciones de todos los derechos y la persecución de los líderes opositores.
El régimen de Maduro sustituyó de manera inconstitucional a los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, nombrando en su lugar a personas de su confianza; se apoderó definitivamente del Consejo Nacional Electoral que actuó a favor de su régimen aprobando convocatorias electorales fraudulentas.
La Asamblea Legislativa impulsó un referéndum revocatorio, previsto en la Constitución, para poner en manos de la ciudadanía el mandato presidencial y el régimen de Maduro desconoció el procedimiento y reprimió a quienes lo impulsaban.
Se persiguió a la Asamblea Nacional Legislativa porque tenía mayoría opositora, se apresaron legisladores de la oposición, se invadió el edificio en que sesionaba, se reprimió a integrantes de esa Asamblea y se les impidió sesionar de manera normal.
Para buscar su eliminación, el régimen inventó una Asamblea Constituyente mediante mecanismos inconstitucionales y sin la participación de la oposición. Una vez elegida la Asamblea Constituyente con muy bajos niveles de participación electoral y con listas únicas chavistas, se autoproclamó sustitutiva del cuerpo legislativo y se configuró un golpe de Estado contra las autoridades legislativas electas.
Para completar el cuadro, Maduro llamó de manera inconstitucional a una elección presidencial en fecha decidida por el propio presidente y se encargó de impedir que existieran candidaturas reales de los partidos opositores. Finalmente, en mayo de 2018 en una elección repudiada en el mundo entero y sin garantías ni observadores internacionales neutrales, se proclamó electo nuevamente como Presidente.
 Por eso, cuando el 10 de enero venció el mandato de Maduro para el que fuera electo en 2013 y habida cuenta del fraude monumental de su reelección, el único órgano institucional que queda vigente legítimamente electo es la Asamblea Nacional. De acuerdo a la Constitución Bolivariana aprobada hace casi veinte años, en caso de vacancia de la Presidencia, cosa que ha ocurrido puesto que el nuevo mandato es ilegítimo, el Presidente de la Asamblea Nacional asume la encargatura de la Presidencia, mientras se convoca a nuevas elecciones presidenciales.
Es por ello que Juan Guaidó es, desde el punto de vista del Estado de Derecho, el Presidente encargado de Venezuela desde el 10 de enero de este año.
La pretensión de una negociación es una patraña que Maduro ha utilizado ya dos veces. En ambos casos, los planteos de diálogo y negociación fueron utilizados por Maduro para desmovilizar las protestas, crear nuevas medidas de represión y ha incumplido todas las propuestas conversadas en las dos oportunidades anteriores. El resultado fue que el dictador zafó de situaciones de crisis política y se reafirmó con más represión y más violaciones al Estado de Derecho.
Por eso, la postura de buscar un diálogo, impulsada por nuestro gobierno junto al de México es una “piola que se le tira” a Maduro para que zafe de una situación muy precaria.
La salida de la crisis venezolana debe ser pacífica y acordada. Pero no con la continuidad de Maduro en la Presidencia puesto que se trata de un usurpador del poder. El diálogo en Venezuela debe estar precedido del abandono de Maduro del poder y de la instalación de una transición que debe fijar las condiciones de una convocatoria urgente a elecciones libres y limpias con la presencia de observadores internacionales neutrales.
Lo otro, es una manera disfrazada de ayudar a un dictador en apuros. Lamentable situación que configura una mancha indeleble para nuestra historia política internacional.
 
 

 

 

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